El coche de empresa en el IRPF: Hacienda gana el gasto, pero pierde la sanción

Una resolución reciente del TEAR de Andalucía (Sala de Málaga) vuelve a recordar dos cosas a los autónomos: que deducir los gastos del vehículo exige afectación exclusiva a la actividad, y que Hacienda no puede sancionar sin motivar por qué considera que hubo negligencia.

El caso

Un profesional autónomo se dedujo en su declaración de IRPF del ejercicio 2023 los gastos asociados a su vehículo: amortización, reparación, mantenimiento y seguro, además de carburante y tiques de estacionamiento. La Agencia Tributaria le practicó una liquidación de algo más de 2.500 euros al no admitir esos gastos y, acto seguido, le impuso una sanción por importe cercano a los 1.300 euros.

El contribuyente reclamó ambos acuerdos ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, que los resolvió de forma acumulada. El resultado: estimación parcial. Se confirma la liquidación, pero se anula la sanción.

Primera lección: en el IRPF no existe el 50 %

Es probablemente el malentendido más extendido entre autónomos. En el IVA, la Ley presume que un vehículo de turismo está afecto a la actividad en un 50 %, y esa presunción permite deducir la mitad de las cuotas soportadas sin mayor discusión.

En el IRPF no existe nada parecido. El artículo 22 del Reglamento del Impuesto establece que los automóviles de turismo solo se consideran afectos cuando lo están de forma exclusiva, salvo en una lista cerrada de excepciones:

• vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías,

• los destinados al transporte de viajeros mediante contraprestación,

• los de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación,

• los destinados a los desplazamientos profesionales de representantes o agentes comerciales,

• los destinados a cesión de uso con habitualidad y onerosidad.

Fuera de esos supuestos, basta un uso privado —aunque sea ocasional y de fin de semana— para que el vehículo deje de estar afecto y los gastos dejen de ser deducibles. No cabe prorrateo: el Reglamento es expreso en que los elementos patrimoniales indivisibles no admiten afectación parcial.

El Tribunal se apoya en el criterio consolidado del Tribunal Supremo (sentencia de 13 de junio de 2019, recurso 1463/2017) y en un pronunciamiento reciente del TSJ de Andalucía sobre un supuesto equivalente.

¿Y cómo se prueba la exclusividad?

Aquí está la parte útil de la resolución. El Tribunal rechaza expresamente que se trate de una "prueba diabólica" y enumera las circunstancias que, en conjunto, pueden convencer a la Administración:

1. Inmovilización del vehículo en el centro de trabajo fuera del horario de actividad. Ojo: usar el coche para ir de casa al trabajo ya impide, por sí solo, considerarlo afecto.

2. Idoneidad del vehículo respecto de la actividad: modelo, potencia, gama, configuración y rotulación publicitaria coherentes con el negocio y su volumen de ingresos.

3. Uso profesional declarado en la póliza del seguro. No es concluyente por sí mismo, pero pesa.

4. Correspondencia entre los kilómetros recorridos y los propios de la actividad.

5. Disponer de otro vehículo para las necesidades privadas. Si solo hay uno, es razonable presumir que cubre ambos usos.

Ninguna de estas circunstancias basta aisladamente, pero su concurrencia puede "trazar una línea inequívoca" —en palabras del Tribunal— que acredite el empleo exclusivo.

En cuanto al carburante y los aparcamientos, la resolución matiza algo importante: el problema no fue que el Tribunal dudara de que hubo desplazamientos profesionales, sino que la documentación aportada no permitía separar el importe correspondiente a cada viaje. Para sostener esos gastos hacen falta rutas de viaje, listados de pedidos, firmas de clientes, agenda de visitas y un cálculo riguroso de consumos y kilómetros.

Segunda lección: sancionar exige motivar la culpabilidad

La sanción corrió mejor suerte para el contribuyente: el Tribunal la anula íntegramente.

El acuerdo sancionador se limitaba a afirmar que el obligado presentó incorrectamente su autoliquidación, que la norma es clara y que no concurre ninguna causa de exoneración del artículo 179 de la LGT. Es una fórmula que se repite en miles de expedientes, y que el TEAR considera insuficiente.

El razonamiento, en línea con la doctrina del TEAC y del Tribunal Supremo, es doble:

• La mera constatación de la falta de ingreso no permite fundar una sanción. Si bastara el resultado de la regularización, toda liquidación llevaría aparejada automáticamente una multa, y las infracciones tributarias no admiten responsabilidad objetiva.

• La Administración no puede razonar la culpabilidad por exclusión, es decir, afirmando que la conducta es culpable porque no aprecia una discrepancia interpretativa razonable. Eso invierte la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución.

Conclusión: sin actividad probatoria dirigida a acreditar el elemento subjetivo, la sanción decae, aunque la liquidación se confirme.

Qué conviene retener

• Si no eres agente o representante comercial (ni encajas en las otras excepciones tasadas), asume que deducir el coche en el IRPF es una posición de riesgo alto, aunque lo uses a diario para trabajar.

• Deducir el 50 % "como en el IVA" no es una opción en la renta. O exclusiva, o nada.

• La prueba se construye antes, no después: rotulación, seguro con uso profesional, segundo vehículo para uso particular, registro de kilómetros y agenda de visitas documentada. Improvisar esa prueba cuando llega el requerimiento casi nunca funciona.

• Que te regularicen no significa que debas aceptar la sanción. Son dos acuerdos distintos y se combaten por motivos distintos. Muchas sanciones se anulan por defectos de motivación aunque la deuda principal se confirme, y merece la pena revisar siempre ese punto.

En nuestro despacho revisamos requerimientos, liquidaciones y acuerdos sancionadores de la AEAT y valoramos, caso por caso, las opciones de recurso en vía económico-administrativa y contencioso-administrativa. Si has recibido una comunicación de este tipo, contacta con nosotros: los plazos son breves e improrrogables.

Este artículo tiene finalidad divulgativa y no constituye asesoramiento jurídico. Los datos identificativos del expediente han sido omitidos.