Multas de hasta 225.000 € por “arreglar” los papeles del paro: lo que debes saber

En España, pactar o simular un despido con la empresa con el objetivo de cobrar la prestación por desempleo (el conocido paro) es mucho más que una mala práctica: es considerado fraude de ley y puede acarrear sanciones económicas extremadamente elevadas, tanto para la empresa como para el trabajador.

¿Qué significa “arreglar los papeles del paro”?

Algunas personas, ante la ausencia de otras alternativas, llegan a acordar con su empresa un despido simulado (por ejemplo, un despido disciplinario) para que, sobre el papel, la situación se considere un cese involuntario y así poder acceder al paro. Sin embargo, esta práctica es ilegal y puede ser detectada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Inspección de Trabajo.

¿Qué dice la ley?

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) tipifica como infracción muy grave el hecho de facilitar o comunicar datos falsos o inexactos que lleven a obtener prestaciones indebidas, así como la connivencia entre empresa y trabajador para lograrlo.

Multas que pueden alcanzar hasta 225.018 €

Si la Inspección de Trabajo considera que ha habido fraude, las consecuencias económicas son fuertes:

• Grado mínimo: entre 7.501 € y 30.000 €

• Grado medio: entre 30.001 € y 120.005 €

• Grado máximo: entre 120.006 € y 225.018 €Estas sanciones corresponden a la penalización a la empresa, que además podría perder derechos a subvenciones, beneficios fiscales y otros incentivos públicos.

Consecuencias para el trabajador

El SEPE no se queda atrás: puede exigir al trabajador la devolución de toda la prestación cobrada indebidamente e incluso le podría retirar el derecho a recibir cualquier otra ayuda o subsidio.

Conclusión

El intento de “arreglar los papeles” para acceder al paro puede parecer una solución temporal, pero los riesgos legales y económicos son muy altos. Tanto para trabajadores como para empresas, es fundamental cumplir con la normativa laboral y de prestaciones, evitando así sanciones que pueden ascender a cifras superiores a las de muchos negocios pequeños o medianos.