Indemnizada con 5.000 euros una TCAE por sufrir represalias tras denunciar cambios en sus condiciones de trabajo

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia que refuerza la protección de los trabajadores frente a represalias laborales, al condenar a la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana a indemnizar con 5.000 € a una Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) a quien se trasladó de su puesto de trabajo tras haber denunciado cambios en sus condiciones laborales.

Qué ocurrió

La trabajadora presentó una denuncia por escrito ante la dirección y gerencia del hospital en el que prestaba servicios, exponiendo junto con cinco compañeras que la Dirección de Enfermería había modificado de forma arbitraria y sin causa legal las condiciones de trabajo de sus plazas, que eran fruto de una promoción interna.

Pocos días después de esta actuación, la Dirección de Enfermería comunicó a la TCAE que sería trasladada del Servicio de Quirófano —donde llevaba más de 16 años trabajando tras haber conseguido su puesto mediante concurso oposición— al Servicio de Medicina Interna, con horarios y condiciones diferentes.

Valoración judicial: vulneración de la garantía de indemnidad

La Sala de lo Social del TSJCV consideró que el traslado no se basó en razones objetivas justificadas, sino que fue una represalia directa por haber ejercido su derecho a reclamar condiciones de trabajo. Así, determinó que se había vulnerado el derecho a la indemnidad, un principio que protege a los trabajadores frente a consecuencias desfavorables derivadas del ejercicio legítimo de sus derechos laborales.

Aunque la defensa de la administración argumentó que el traslado respondía a necesidades organizativas, el tribunal rechazó esa justificación al existir otras 42 TCAEs con experiencia en Medicina Interna que podrían haber asumido ese servicio, y al considerar que el cambio implicaba condiciones asistenciales más exigentes que las del área original de la trabajadora.

Indemnización por daños morales

Por todo ello, el tribunal estableció una indemnización de 5.000 € por daños morales a la trabajadora, en reconocimiento del perjuicio sufrido como consecuencia del traslado arbitrario tras ejercer su derecho a denunciar actuaciones que consideraba contrarias a la legalidad.

Importancia de la garantía de indemnidad

Este caso es un ejemplo relevante de cómo la justicia laboral protege a las personas trabajadoras que se enfrentan a represalias por reclamar sus derechos. La denominada garantía de indemnidad es un principio ampliamente reconocido que impide que las acciones del trabajador para defender sus condiciones laborales o denunciar irregularidades se conviertan en motivo de sanción, traslado o despido por parte del empleador.

El fallo refuerza la idea de que cualquier intento de penalizar a un empleado por ejercer sus derechos puede desembocar en una responsabilidad para la empresa o entidad, y en la obligación de reparar los daños causados.