Importante doctrina del Tribunal Supremo sobre liquidaciones tributarias y seguridad jurídica

El Tribunal Supremo ha fijado una nueva y relevante doctrina que limita la potestad de la Administración para repetir liquidaciones tributarias cuando una anterior ha sido anulada por un acto que devino firme y favorable al contribuyente sin haber sido declarado lesivo o nulo de pleno derecho.

¿Qué ha decidido concretamente?

Según la Sentencia nº 172/2026, de 14 de enero de 2026, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2ª), la Administración no puede emitir una segunda liquidación por el mismo concepto tributario y al mismo sujeto pasivo si:

La primera liquidación fue anulada por un acto administrativo firme que resultó favorable al contribuyente

Ese acto firme no ha sido declarado lesivo ni nulo,

Y además la Administración pretende justificar la nueva liquidación por la anulación, en otro procedimiento y frente a un tercero, de otra liquidación distinta por el mismo concepto.

Este pronunciamiento supone un avance significativo en materia de seguridad jurídica tributaria, porque evita que la Administración pueda vulnerar la estabilidad de actos firmes favorables a los contribuyentes simplemente acogiéndose a procedimientos paralelos o a liquidaciones dirigidas a terceros.

Un ejemplo práctico

En el caso analizado, un Ayuntamiento había anulado previamente una liquidación dirigida a una mercantil y ese acto administrativo favorable se convirtió en firme. Sin embargo, más adelante volvió a girar otra liquidación similar al mismo sujeto por los mismos periodos y conceptos, aunque el primer acuerdo favorable seguía en vigor. El Supremo ha considerado que esa segunda liquidación no puede prosperar sin los cauces legales previstos para declarar lesiva o nula la liquidación inicial.

¿Qué implica para el contribuyente?

Refuerza la protección frente a actuaciones tributarias que puedan contradecir actos firmes favorables.

Acota la famosa doctrina del “doble tiro” —que permite dictar una segunda liquidación tras la anulación de otra— cuando exista un acto firme que ya haya resuelto la cuestión.

En definitiva, el Supremo ha reforzado el principio de seguridad jurídica en materia tributaria, limitando excesos de la Administración y clarificando que la firmeza de actos favorables no puede ser ignorada sin una declaración expresa de lesividad o nulidad.